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De servicios de Mensajería Premium y la nueva política de Telefónica

14 diciembre, 2011

Esta mañana despertábamos con la noticia de la nueva política de Telefónica con respecto a los servicios de mensajería premium, nueva política consiste en la solicitud, al abonado de servicio de telefonía móvil, del envio de un docunmento firmado junto con copia de su DNI para proceder a tramitar el alta del servicio.

Si bien la noticia es bien recibida globalmente como un intento más en la lucha contra los supuestos fraudes con respecto a los servicios de mensajería premium y por mi mismo con consumidor y usuario de telefonía móvil, como jurista me presenta una serie de dudas, alguna de ellas, con bastante calado que paso a desgranar:

A)La primera y fundamental es apreciar la legalidad de esa medida, en este sentido, debemos acudir a la Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes, ultima normativa al respecto que se encarga de la regulación de los servicios de mensjería premium y que deriva de la ORDEN ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia.

En esta ultima, se recoge como los servicios de mensajeria premium son servicios legalmente habilitados con una regulación juridica propia y un sistema de solicitud de habilitacion de los mismos a traves de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como se recoge en sus artículos 6 y 7, dentro del principio de libertad de prestación de servicios, habilitación legal que supone el derecho a ser suministradas por todas las operadoras nacionales salvo que por incumplimiento de la normativa se les sanciona con la suspensión de los servicios.

Esta presunción viene a reforzarse, a través de la interpretación a sensu contrario del derecho de los usuarios a la desconexión de este tipo de servicios, es decir, si un usuario tiene derecho a que se le desconecten a petición suya los servicios de mensajería premium, a su vez también la tiene para que pueda disfrutar de los mismos sin ningún requerimiento formal más allá del exigido legalmente, el cual no existe (Como por ejemplo si que existe respecto a los STA de llamadas de alto coste), por lo que desde mi punto de vista, Telefónica a través de su actuación, no solo vulnera el principio de libertad de prestación de servicios consignado en la propia Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (Que entiendo sería aplicable al caso), sino también al propio Código de Conducta sobre los STA (Servicios de Tarificación Adicional) de envío de mensajes que les es aplicable.

Es decir, Telefónica, aunque con su gestión bienintencionada (Aunque no debemos olvidar que este tipo de servicios de STA le generan muy pocos beneficios reales a la vez que gran cantidad de reclamaciones) entiendo que vulnera en este sentido la normativa y que por tanto, si la medida se llega a aplicar, llegaran no pocas reclamaciones por parte de las titulares de los servicios de numeración premium para que los mismos vuelvan a habilitarse.

B) La segunda duda es ,entrando mas a fondo, si ese requerimiento de alta, es para cada uno de los servicios de mensajería premium o es para los mismos con carácter general, algo que no queda claro en ninguna de las noticias a las que he tenido acceso, y esto aunque parezca algo baladí, tiene su importancia.

Esta importancia estriba en que si bien para el segundo de los casos podemos encontrar algún tipo de analogía en la normativa al respecto (Es el caso de las llamadas de tarificación especial/adicional de alto coste, restringidas por ley y que se pueden desbloquear a través de una petición a la operadora) y que aun , sin habilitación legal para ello como en ese caso, podrían tomar como referente para la medida, en el caso de la primera, sería una absoluta vulneración al principio de libertad de prestación de servicios, tal y como me refería en el apartado anterior, ya que ni con respecto al caso de las llamadas a lineas 806 (STA de llamadas), es necesaria dicha gestión de manera individualizada.

En mi opinión, Telefónica ha optado por la vía fácil, que es el cierre de un servicio que no da tantos beneficios “reales” como de facturación (Toda vez que gran parte de esa tarificación va a parar a la empresa titular de ese numero y no a la propia operadora) y que le genera más inconvenientes que beneficios, para lo que ha pasado la raya de la legalidad, aun sin estar la misma muy clara al respecto atribuyéndose capacidades normativas que en la actualidad no tiene, habrá que esperar para ver como se resuelve.

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